La obligatoriedad de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para motocicletas en Europa se ha convertido en un punto de fricción notable, con una corriente de opinión creciente que la percibe como una medida innecesaria o incluso «absurda»
A pesar de la existencia de la Directiva 2014/45/UE que busca estandarizar la seguridad vial en el continente, la implementación de la ITV en el sector de las dos ruedas dista mucho de ser uniforme, y la resistencia a la misma es palpable en varios Estados miembros.
El argumento de la «tontería» europea
La Federación Europea de Asociaciones Motociclistas (FEMA) lidera la cruzada para eliminar la ITV obligatoria para motos en toda Europa, argumentando que se trata de un «desperdicio de dinero» que no se traduce directamente en una mejora tangible de la seguridad vial. La postura se basa en estudios y datos que sugieren que una proporción mínima de accidentes de motocicleta se debe a fallos mecánicos. Además, los defensores de esta postura argumentan que los propios motoristas, por su seguridad inherente y la naturaleza del vehículo, son extremadamente diligentes en el mantenimiento de sus motos.
Esta percepción de la ITV como una «tontería» ha calado en países como Portugal, que recientemente ha decidido eximir a las motos de esta prueba obligatoria. Francia, por su parte, tras idas y venidas regulatorias, ha optado por una inspección mínima y visual centrada principalmente en el ruido y las emisiones, muy lejos de la revisión exhaustiva que se practica en España.
La contradicción española
Frente a esta corriente aperturista y flexible en otros países, España mantiene una postura firme. La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) defienden la necesidad de la inspección para garantizar un parque móvil seguro y respetuoso con el medio ambiente. En la península, la normativa sigue siendo estricta: las motos deben pasar la primera ITV a los cuatro años y, a partir de ahí, cada dos años de forma indefinida.
La disparidad de criterios crea un escenario paradójico donde lo que en un país de la UE se considera un trámite de seguridad esencial, en otro es visto como una carga burocrática y económica innecesaria. La batalla por la obligatoriedad de la ITV para motos sigue abierta, con colectivos de motoristas pidiendo la armonización de la norma a la baja, siguiendo el ejemplo de Portugal.
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