La DGT ha puesto fin a la ambigüedad legal que durante años ha caracterizado la circulación de los patinetes eléctricos
A partir del 2 de enero de 2026, estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) dejarán de ser huéspedes informales de nuestras calles para integrarse formalmente en el ecosistema vial, sujetos a un nuevo paradigma de responsabilidad y control.
La inminente normativa, que culmina un proceso legislativo iniciado con la Ley 5/2025, introduce dos pilares fundamentales que redefinirán la experiencia de uso para miles de conductores: la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil y un sistema de identificación vehicular gestionado por Tráfico.
Un registro, no una matrícula al uso
Es crucial entender la naturaleza del registro. Si bien la idea inicial se asemejaba a una matrícula tradicional, la solución final de la DGT es un sistema de identificación interno. Cada VMP deberá estar vinculado a un número de registro en la base de datos de la DGT, permitiendo a las autoridades trazar la propiedad y el estado legal del vehículo en tiempo real. Este número deberá ser visible en el patinete mediante un distintivo o placa específica.
Este registro, sumado al seguro obligatorio, busca cubrir un vacío legal que dejaba a las víctimas de accidentes con VMP a menudo desprotegidas ante la ausencia de un responsable civil asegurado.
Requisitos y sanciones: El reloj avanza
El plazo para adaptarse es claro: quienes circulen sin seguro o sin el identificativo a partir de 2026 se enfrentarán a sanciones económicas severas, que oscilarán entre los 500 € por la falta de seguro hasta los 1.000 € por otras infracciones graves relacionadas con la homologación o el registro.
La DGT, a través de su portal, ha habilitado secciones específicas para que los ciudadanos puedan consultar los detalles técnicos de homologación requeridos y los procedimientos para la futura inscripción.
En resumen, 2026 no solo trae consigo un cambio burocrático, sino una redefinición de la movilidad personal: mayor seguridad y orden en las calles, a cambio de una mayor responsabilidad para el usuario. Es el fin de la improvisación y el inicio de una era de convivencia regulada en el asfalto urbano.
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