Desde el pasado 1 de septiembre, los nueve helicópteros que la Dirección General de Tráfico tiene para controlar las carreteras desde el aire no están en funcionamiento. Los sindicatos critican a la DGT en una situación que, no obstante, debería resolverse en unos días
Tras la mala experiencia de la última empresa que se hizo cargo, cuyos pilotos provocaron la caída de dos aparatos que terminaron siniestro total, a la DGT no le está resultando fácil encontrar otra empresa que quiera hacerse responsable tanto de poner los pilotos como del mantenimiento de los helicópteros. Los aparatos llevan en tierra desde el pasado 1 de septiembre y los sindicatos CCOO y UGT denuncian ya la desastrosa situación provocada por la interrupción de sus servicios. Por parte de la DGT se limitan a asegurar que se trata de un procedimiento normal y que en breve sus helicópteros volverán a estar en el aire.
Los sindicatos lo llevan avisando desde hace un par de meses
Los contratos que permiten que los nueve helicópteros Pegasus con los que la DGT controla y multa desde el aire estén en funcionamiento terminaron el 31 de agosto y no se han renovado. Eso quiere decir que, desde el 1 de septiembre, las nueve aeronaves están fuera de servicio, según Europa Press, a la espera de que se proceda a la adjudicación de un nuevo contrato para su mantenimiento.
Los sindicatos aseguran, por otra parte, que los 38 drones adquiridos por la DGT en el 2020 están también inoperativos, aunque aseguran lo contrario. Esto se suma a los graves problemas de personal de la UMA, la Unidad de Medios Aéreos, así la privatización de este tipo de servicios por la DGT. El Ministerio del Interior, del que depende la DGT, asegura que, a pesar de esta situación, los helicópteros volverán a funcionar en cuestión de días y que el control del tráfico está garantizado (Agentes de la Guardia Civil a pie de tráfico, radares, centros de pantallas o campañas de vigilancia).
La seguridad no es un negocio
Los sindicatos han lanzado la voz de alarma ante una situación complicada y que puede comprometer el interés público: CC.OO. acusó a Interior de tener la intención de privatizar la seguridad en la carretera al haber licitado un contrato de 40 millones de 4 años a una empresa privada, lo que dejaría en manos privadas todos los servicios dependientes de las aeronaves. Pero también alertaron que la centralización en un solo contrato, abre la puerta a la especulación empresarial. Algo similar a lo que ya ocurre con los Centros de Gestión de Tráfico, que cuentan con contratos de más de 30 millones bianuales a empresas privadas. La seguridad no es un negocio, advierten los sindicatos.
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