Un Centro Autorizado para el Tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT), ubicado en la Comunidad de Madrid, utilizaba una red de empresas vinculadas a la gestión de motocicletas y ciclomotores, para exportarlas ilegalmente como vehículos de segunda mano
Esta empresa adquiría vehículos dados de baja, en concreto motocicletas y ciclomotores, que tenían la consideración de residuos peligrosos, para su gestión como residuos, pero en lugar de descontaminarlos y venderlos por piezas, eran exportados como vehículos de segunda mano, principalmente a países africanos, pero también a Italia, Portugal o Polonia y, en menor escala, a particulares de distintos puntos de España.
Eran transportados completos, y declarados como efectos de segunda mano, evitando así las prohibiciones de exportación para residuos peligrosos. Los vehículos se adquirían como residuo a un precio muy bajo, y se vendían sin sufrir ningún tipo de tratamiento como vehículos usados, lo que aumentaba considerablemente el margen de beneficios. Además, estos servicios no se declaraban como parte de la actividad lícita de la empresa, que la había, defraudando así a la hacienda pública y consiguiendo aumentar las ganancias.
Explotación laboral
La Guardia Civil también se ha investigado a la empresa por un delito contra el derecho de los trabajadores, ya que parte de la plantilla eran operarios, sin contrato laboral. La mayoría de los pagos se hacían en metálico y sin facturas. Además, tenían almacenados un elevado número de residuos peligrosos en parcelas sin autorización que excedían el tiempo máximo permitido para este tipo de almacenamientos.
Esta práctica irregular habría generado un alto nivel lucrativo a los integrantes de la organización, que disfrutaban de un alto nivel de vida y habían adquirido numerosos bienes muebles e inmuebles, aperturas de fondos de inversión y vehículos de alta gama, además de ser utilizados para el capital social en la constitución de otras personas jurídicas que engrosaban el entramado societario. Los investigadores han identificado activos por valor de 5 millones de euros, que actualmente se encuentra bajo control judicial.
Estructura criminal
La banda contaba con una estructura criminal perfectamente organizada y jerarquizada, en cuya cúspide se encontraban dos administradores de la empresa, que eran los responsables de dirigir, coordinar y planificar todas las actividades irregulares. Bajo sus órdenes se encontraban otras dos personas dedicadas a las labores administrativas y de cobro. Los agentes han constatado como existían dos contabilidades, una oficial y otra oculta, utilizada esta última para derivar beneficios sin contribuir con los impuestos que obliga la normativa tributaria.
Un tercer escalón, también dentro de la empresa, estaba formado por 10 operarios que realizaban el trabajo de manipulación de los residuos, eliminado los números de bastidor y las placas de matrículas de las motocicletas, para que no pudieran ser relacionados con el CAT tras su venta, ni con su correspondiente Certificado de Destrucción, ya que algunas de las motos incluso provenían de robos. Finalmente estarían una serie de clientes y transportistas que se ocupaban de la adquisición y traslado de estos vehículos ilícitamente y una red de proveedores.
25 detenidos
La investigación se ha saldado con la detención de 25 personas físicas y la investigación de otras 5 jurídicas y en la investigación económica asociada, se ha verificado que, sólo en el tiempo que ha transcurrido la investigación, el entramado criminal habría obtenido un beneficio ilícito de más de medio millón de euros.
A los detenidos se les imputan varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, entre otros. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado número 6 de Valdemoro (Madrid), desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Jefatura del SEPRONA en estrecha colaboración con la Subdirección General de Economía Circular del MITERD, y apoyada por el Grupo de Investigación de la Agrupación de Tráfico (GIAT) Central, Unidades de Investigación de la Compañía de Aranjuez y Europol.
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